Las multitudinarias manifestaciones públicas que se vivieron en Chile en 2011 generaron una violenta reacción por parte del Estado: se cercenó el derecho de reunión, se reprimió duramente a los manifestantes, y se cometieron incluso actos de tortura en contra de personas detenidas. Frente a esta situación, un grupo de estudiantes y abogados del Programa Asesoría Ciudadana del Instituto Igualdad decidió acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exponer estas violaciones de derechos humanos en una audiencia pública. Este artículo describe el contexto en el que se decidió acudir ante esta instancia internacional, el contenido de la denuncia ante la Comisión Interamericana, así como la respuesta del Estado y la reacción de la Comisión ante la exposición de estos hechos.